viernes, 31 de diciembre de 2010

"Quis custodiet ipsos custodes?": ¿Quién vigila a los mismos vigilantes?




Ayer leí no sé dónde que España avanzaba a toda velocidad hacia la implantación en nuestro país del paradigma Berlusconi, y no tuve más remedio que soportar una sonrisa, porque lo cierto es que Berlusconi es un inocente jurídico si lo comparamos con los que, de verdad, están manejando los hilos de lo que ocurre con la Aministración de Justicia española.

La diferencia entre lo que ocurre en Italia y lo que sucede aquí, con nosotros, es esencial, porque mientras Berlusconi lucha a brazo partido contra los jueces, mediante la promulgación de leyes que los inhabilitan jurídicamente para encausarle, aquí, son los jueces precisamente los que prestan su ayuda a los presuntos delincuentes sociopolíticos para que evadan sus presuntas pero clarísimas responsabilidades penales.

El problema no es de leyes sino de personas, el problema ya lo plantearon claramente los clásicos cuando formularon aquella  terrible pregunta: “Quis custodiet ipsos custodes?: ¿quién nos protegerá de los que nos custodian?

Como escribíamos ayer, en contra de una corriente insensata de criticar las leyes por lo ocurrido en el caso Fabra, el problema no reside en la ley, que no es sino la misma que rige universalmente de que, en virtud de principio inderogable de la seguridad jurisdiccional, no es admisible que los procesos se eternicen sino que se establecen plazos de prescripción y de caducidad para que la relación jurídica, en la que el proceso judicial consiste, se extinga pasado un tiempo prudencial. Y hacíamos referencia, como ejemplo, a los casos de litigio sobre la patria potestad de un niño y de que se procesara a un hombre ya maduro y con cargas familiares por un delito cometido en su lejana juventud.

El problema, como decíamos, no es de leyes sino de personas. Es una de las mayores aberraciones que puede pensarse que sean los propios  jueces los que se enjuicien a sí mismos, porque entonces cobra toda su radical vigencia la norma “perro no come perro”, norma por cierto que no tiene especial vigencia sólo en el campo de la judicatura sino que rige también en casi todas las actividades profesionales de nuestra sociedad, así son los colegios profesionales de las distintas materias los encargados de tramitar los expedientes disciplinarios por las presuntas faltas cometidas por sus miembros. 

El resultado es el que está absolutamente conforme con los postulados de la más cerrada de las ultraderechas: vivimos en el mejor de los mundos posibles porque es, sencillamente, perfecto, o es necesario que todo cambie aparentemente para que todo sea por siempre y para siempre igual, o sea la vigencia rigurosísima del peor de los inmovilismos, ideología ultraconservadora pura y dura.

Y es que es abolutamente imprescindible que no sean los que nos custodian los que se vigilen a sí mismos porque si lo hacemos así, la corrupción, la podredumbre estará asegurada para siempre.

El sistema para evitarlo sería el que se sigue para la elección de fiscales en los Usa, sí, señores, algo habían de tener bueno, que se extraen de entre los abogados más solventes en ejercicio, mediante una elección popular directa, personal y secreta en la correspondiente circunscripción territorial. Ah, además tienen limitado su mandato temporalmente, o sea que, cada no sé cuánto tiempo, son sustituidos por otros, que, entre otras cosas, pueden perseguir a su antecesor por infracciones jurídicas cometidas en el ejercicio de su cargo.

Pero aquí a nuestros ángeles custodios, a nuestros vigilantes, los custodian, los vigilan, ¿quién?, sí, señores, ellos mismos, de modo que no podemos esperar otra cosa que la que realmente ocurre, que la justicia, como decía el alcalde Pacheco, sea un cachondeo, donde a Camps lo exonera de responsabilidad penal el que es, según el propio Camps, más que su amigo y a Fabra, un tribunal presidido por el marido de aquella santa mujer a quien éste prócer afortunado, al que todos los años le toca la lotería, le publica todos los libros que escribe. 

En fin, señores, qué más quisiéramos nosotros que tener una justicia como la italiana que arremete contra su presidente de gobierno y éste se ve obligado a promulgar leyes, gracias a su mayoría parlamentaria, para que le libren de su procesamiento.

Italia ¿peor que España desde el punto de vista jurisdiccional? Por favor, señores, que todavía hay clases. Que allí, a su Garzón, que, por cierto se llama Di Pietro, todavía no lo han empurado de mala manera sus propios compañeros por haberse atrevido a favorecer la condena de un compañero de carrera, o sea de oligarquía, de privilegio.



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