lunes, 26 de noviembre de 2012

"J'accusse". Proceso a un Ayuntamiento, a un Juzgado y a la prensa

 Proceso contra un ayuntamiento, un juzgado y una prensa.
 Un Ayuntamiento no puede traicionar su misión y en lugar de proteger, cuidar y defender a sus ciudadanos ayuntados dedicarse a perseguirlos sañudamente con indebidos impuestos.
 Los jueces no pueden dedicarse a jugar con 2 barajas y no negarse a  aplicar la ley que los obliga a desahuciar a las familias hambrientas de sus hogares, amparándose en el que es, tal vez, el más viejo de los aforismos jurídicos, “dura lex, sed lex”, la ley es dura pero es la ley, para luego decir que no van a cumplir otras leyes simplemente porque no les gustan.
 Y la prensa, ay, la prensa no se puede dedicar a propugnar el periodismo de investigación para hundir en la miseria a aquellos que no le obedecen ciegamente para, luego, decirme a mí, que ella no está ahí para exponer su opinión sino tan sólo para exponer asépticamente los hechos sin mojarse lo más mínimo, simplemente para no molestar al poder.
 Un Ayuntamiento no puede concederme 2 licencias para el estacionamiento de los vehículos mío y de mi hija en una zona para residentes y, luego, al no haber podido yo pagar no en una cuenta bancaria como se hace ya con todos los servicios del mundo, sino en el lugar en el que él ha establecido para ello, los 2 recibos de 25 euros anuales ya que el correspondiente al coche de mi hija no aparecía por ningún sitio, aprovechar la ocasión para perseguir a ésta, enferma tan grave que ha sido calificada como pensionista suya por una entidad tan restrictiva para ello como la Mutualidad General de la Abogacía, con toda la ferocidad del mundo, imponiéndole una multa de 80 euros diarios por aparcamiento indebido por haber situado su vehículo en su zona de estacionamiento correspondiente, cuando según su propia normativa, la que el propio Ayuntamiento ha establecido para regular conjuntamente el aparcamiento en las zonas sujetas a horario, controladas mediante parkímetros, y las de estacionamiento para residentes que, en ningún modo, estarán sometidas a ninguna clase de limitación en cuanto al tiempo.
 Y un juzgado de lo contencioso-administrativo, ante el que yo recurro estos hechos, solicitando que se conozca de todas estas sanciones conjuntamente mediante su acumulación en un sólo procedimiento ya que el hecho que las motiva es tal como se desprende único, el estacionamiento del coche de mi hija ante los números de policía 13 y 14 de la Muralla del Mar, esta vía sólo tiene una acera, sin moverlo un sólo milímetro, tal como se desprende no sólo de los propios impresos en los que se consignan las multas sino de la documentación que aportamos demostrativa de que, para llevar el automóvil a pasar la ITV, hubo que sustituir la batería destruida por un estacionamiento tan prolongado y emplear 692.49 euros además en repararlo para poderlo mover.
Nunca agradeceremos bastante, a esa legión de informáticos, la posibilidad que nos han dado de defendernos aquí, en internet, de toda clase de ataques.
Tal vez todo lo que hoy voy a escribir, aquí, sea demasiado largo o demasiado técnico. Tal vez. Pero estoy convencido de que tengo que hacerlo. Llevo demasiado tiempo gritando por aquí, por todas las esquinas de la web, que el mundo, la vida y el hombre no son más que una puñetera mierda y ahora, que los tengo cogidos por los mismísimos cojones a los 3, callarme como un puñetero cobarde.
Antes, existía el delito de desacato, que se cometía cuando se criticaba a un juez, ahora, ha desaparecido de los Códigos penales de todo el mundo, de manera que también lo ha hecho del nuestro. Ahora, parece, digo “parece” que a los jueces también se les puede criticar,  y a fondo.
Todo esto comenzó el día que yo fui al Banco de Sabadell a pagar los recibos de las tasas por el derecho de estacionamiento de los coches mío y de mi hija, que también pusimos a mi nombre, sólo para eso, en la zona para estacionamiento para residentes de mi calle y sólo me cobraron el mío porque el de ella no logramos encontrarlo. Yo seguí apareciendo por allí intentando pagarlo hasta que lo conseguí, pero, mientras tanto, los tíos de la Ora, el servicio privatizado, cómo no, por el Ayuntamiento, comenzaron a extender denuncias por estacionamiento indebido del coche de mi hija, 16, en total.
El quid de la cuestión, por tanto, estriba en si la colocación del coche de mi hija ante los números 13 y 14 de la calle Muralla del Mar es un solo acto único o son varios desde el punto de vista sancionable.
Y aquí como decía el célebre Giulio Andreotti respecto a la política del entonces presidente de Gobirno de España, Felipe González, al juzgado  “manca finezza”, le ha faltado finura, finura jurídica.
 En el caso que nos ocupa concurren dos clases de unicidades desde el punto de vista ontológico: unicidad fáctica y unicidad jurídica, o sea unicidad de hecho y unicidad de derecho.
 Y ambas son extraordinariamente relevantes para decidir la cuestión que nos ocupa.
 Al establecer categóricamente el artículo 34 de la LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-AMINISTRATIVA, LJCA, que:
“1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. 
2. Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión” lo que está haciendo, en realidad, [aunque lo haga con una muy deficiente técnica en unos legisladores que, al ser múltiples, deberían ser más precisos en sus expresiones jurídicas, ya que el término “pretensiones” no es rigurosamente técnico puesto que el concepto es exactamente “acciones”, en tanto en cuanto se refiere a las facultades que asisten a los sujetos jurídicos en orden a la posibilidad de solicitar la apertura de un proceso para la tutela se unos determinados bienes jurídicos o derechos], es introducir los conceptos de unicidad fáctica y unicidad jurídica, o sea unicidad de hecho y unicidad de derecho en la discusión filosófica que nos planteamos.
 Y la cuestión, planteada en estos términos, puede parecer únicamente retórica pero no lo es, porque se incardina en el centro absolutamente lógico de la cuestión, ya que de lo que se trata, desde el punto de vista del ejercicio de la facultad sancionadora del Ayuntamiento de Cartagena, es de determinar si la infracción cometida por mi hija cuando estaciona su coche ante los números de policía de la calle Muralla del Mar puede ser considerado un hecho único o es en realidad múltiple porque de la solución que demos a la misma depende que lo que están haciendo tanto el Ayuntamiento como el Juzgado sea correcto o, al menos desde el punto de vista del Derecho, una aberración.
 Para mí, al menos, la cuestión es de     una claridad meridiana.
 Para determinar si una actuación humana constituye un sólo acto o una serie concatenada de éstos hay que recurrir a un elemento decisivo: el tiempo.
 No es ni más ni menos que recurrir de nuevo a la célebre aporía de Aquiles y la tortuga: si el tiempo y el espacio son divisibles hasta el infinito, Aquiles no rebasará nunca, en su carrera, a la tortuga porque siempre habrá entre ellos una parte del espacio que dividir en un tiempo que será igualmente divisible “ad infinitum”.
 Si descomponemos el acto de mi hija estacionando su coche en la puerta de mi casa, no cabe la menor duda de que, filosóficamente, lógicamente, no es un acto único sino una serie concatenada de éstos, pero es que el Derecho, así, con mayúscula, crea, para la inteligencia humana, un nuevo mundo con unas nuevas normas o leyes que lo reinventan todo.
 Para el Derecho que divide la actividad humana en hechos, actos y negocios jurídicos, de acuerdo con la mayor o menor penetración en ellos de la voluntad del sujeto, el tiempo se constituye como el factor esencial, de manera que el hecho de morirse una persona, completamente independiente de su voluntad, tiene una serie de consecuencias jurídicas, del mismo modo que lo hace un acto humano en sí mismo que aún siendo plenamente voluntario en su producción, las consecuencias que produce no sólo pueden ser independientes de su voluntad al realizarlo sino incluso contrarias, un ejemplo típico de esto son las faltas y los delitos, y, por último, la categoría reina de los actos del hombre, los negocios jurídicos en los que sus efectos no sólo son plenamente voluntarios sino precisamente los expresamente deseados o buscados por sus sujetos jurídicos.
 Pues, bien, el acto de mi hija estacionando su coche en la zona que para estacionamiento de residentes tenemos contratada con el Ayuntamiento será un acto único o múltiple, atendiendo al tiempo.
 Y esto es tan así que hasta una mentalidad tan rudimentaria como el legislador municipal no ha tenido más remedio que comprenderlo.
 Y, así, no tiene más remedio, al darse de bruces con la propia realidad, que admitir, respecto a la manera de posicionarse jurídicamente ante la colocación de sus coches por los usuarios en la vía pública que existen, por lo menos, 3 posibilidades de hacerlo:
 1) la de aquellos que los sitúan en una zona a la que todavía no ha llegado la regulación urbanística, en la que el estacionamiento o aparcamiento es libre;
 2) aquella otra en la que los automóviles se someten a un rígido control horario en cuanto a su situación en ella, control que se lleva a cabo mediante los llamados parkímetros;
 3) otra zona que el propio Ayuntamiento denomina de estacionamiento para residentes, en la que los automóviles autorizados para estacionarse no tendrán nunca ninguna limitación respecto al tiempo.
 De acuerdo con estos parámetros, las 16 sanciones que el Ayuntamiento le impone a mi hija por estacionar su coche absolutamente inmóvil en la puerta de mi casa, zona para estacionamiento de residentes, existiendo entra ambos un contrato para ello, estarán o no justificadas si:
 1) si el acto de tal estacionamiento no es único sino múltiple, tal como pretende el Ayuntamiento, que ha dividido el tiempo de estacionamiento por días como si se tratara de un coche sin licencia para estacionarse en dicha zona y por lo tanto sometido al régimen general de aparcamiento temporal regulado por los parkímetros
 2) para lo que ha tenido que recurrir al abuso del derecho que supone  dar por caducado el contrato suscrito entre ambas partes unilateralmente sin la intervención de un juez o tribunal que dirima procesalmente la cuestión, lo que supone imponer la vieja ley de la selva, la de juan palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pasándose por salva sea la parte no sólo todo el ordenamiento jurídico español sino también todos los tribunales de España, consciente como es de que por ello no le va a suceder absolutamente nada;
 3) y es que, además de los preceptos legales ya citados, el ordenamiento jurídico español tiene otros muchos aplicables también al caso y que es seguro que la notabilísima y abundante nómina de letrados que paga el Ayuntamiento conoce, ayer leíamos que Botella tiene en el de Madrid ni más ni menos que 70, como son los siguientes:
 A) el que es absolutamente básico y sitúa fuera de juego no sólo al Ayuntamiento de Cartagena sino también al Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la misma localidad, que debería de abstenerse de conocer de este asunto y declinar su competencia a favor de los juzgados de 1ª instancia según se deduce del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Artículo 4. “Negocios y contratos excluidos: 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.-b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general”.
  Y esto lo explicaba muy bien el Consejo de Estado cuando decía en su Dictamen nº 740, de 25 de mayo de 1995, que “la resolución supone la extinción del vínculo contractual por cualquier causa distinta de su conclusión y cumplimiento. Presupone, pues, la aparición de alguna circunstancia en la vida del contrato que impida o haga inconveniente su prosecución hasta su extinción normal.-En relación con la resolución de los contratos administrativos, la jurisprudencia mantiene la aplicabilidad de los principios contenidos en el Código Civil, por lo que la facultad de resolver se entiende implícita a favor de la parte que cumple y en contra de la que incumple sus obligaciones, si bien para que LA ACCIÓN DE RESOLUCIÓN PROCEDA es preciso que la parte que la ejercite haya cumplido con las obligaciones que le incumben (vid. SSTS 3-10-1979, 27-9-1985 y 25-11-1985).
  Y el Código Civil dice:
a) las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos (art. 1.091)
b) la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de los contratantes (art. 1.256)
c) los contratos se extinguen por su cumplimiento, su rescisión o su resolución
d) "La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.-El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.-El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo”. Articulo 1.124.
e) Artículo 1171:”El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación.-No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación.-En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor”.
  Es evidente que entre el Ayuntamiento y yo existía un contrato que me permitía el estacionamiento en la zona A de residentes de Cartagena y que dicho órgano administrativo, en lugar de recurrir a los tribunales civiles ordinarios se ha tomado la justicia por propia mano, haciendo caso omiso de ese Etado de Derecho que la Consitución dice que hay en España y el Juzgado de los contencioso-administrativo nº 1 de esta ciudad lo apoya en tanto en cuanto dice  en su Auto de 12-11-12 , PARTE DISPOSITIVA ACUERDO : No haber lugar a la acumulación pretendida y en único procedimiento de las impugnaciones contra diecioho resoluciones administrativas, debiendo seguir el presente procedimiento referido al primer Decreto impugnado en la demanda EXP. OR. 2012 NUM 907 de fecha 9-4-12 y requerir a la actora para que presente, si a su derecho conviene, por separado y en el plazo de treinta días los distintos recursos contra los distintos actos impugnados, esto es los restantes Decretos dictados....., apercibéndole de que si no lo efectuase, se tendrán por caducados los diferentes recursos.

7 comentarios:

Futbolín dijo...

http://www.periodistasanonimos.com/2012/11/el-madrid-se-embarca-en-la-crisis-por.html

Futbolín dijo...

UNA PRÓRROGA PARA PENSAR QUÉ HACEMOS CON ESPAÑA
Isaac Rosa

Frente a las lecturas interesadas desde la derecha española, el derrotado en las elecciones catalanas no ha sido el plan de convocar una consulta, pues en conjunto cuenta con muchos más apoyos que quienes lo rechazan, y eso después de llevarlo con toda claridad en los programas electorales. El derrotado ha sido Mas, que ha actuado como tapón de esas aspiraciones, y que verá cómo pasan por encima de él si sigue taponando el proceso.
Lo que una mayoría de catalanes dice no es que no quieran ser un Estado, sino que no quieren ser cualquier Estado. No un Estado como el que ejemplifica CiU: antisocial, insolidario, sometido al poder financiero y que se ensaña con los más desfavorecidos desmantelando los servicios públicos; no un Estado corrupto y entregado al poder económico.
El soberanismo que ha visto aumentar sus apoyos es el que vincula la independencia nacional a la independencia económica y social, el que busca más capacidad de decisión también para decidir la salida de la crisis. La independencia que importa hoy no es tanto la de España como la de ser independientes de las políticas neoliberales. Ser soberano es también elegir cómo se reparten los sacrificios y quién paga la crisis. Y nada de eso ofrecía Mas, maniatado por su dependencia del poder económico y financiero, y alma gemela de Rajoy en el camino de los recortes y contrarreformas.
Y ahí entramos también el resto de españoles, porque estas elecciones también llevan recado para nosotros: el soberanismo caminará más lento, tanto si CiU se desmarca, como si insiste en acompañarlo actuando como lastre. Pero seguirá caminando: sin CiU irá más lento, pero también llegará más lejos.
Con el previsible desmarque de la derrotada CiU, que enfriará el debate independentista y buscará el consuelo de algún pacto fiscal, es probable que ya no haya consulta dentro de dos ni de cuatro años. Y eso, amigos catalanes soberanistas, no es una mala noticia. Significa que tenemos prórroga, más tiempo para pensar qué queremos hacer con España, también quienes estamos de este lado y compartimos la certeza de que el sistema español (político, económico, territorial) está agotado, y aspiramos también a esa independencia de ser dueños de nuestro futuro. Tenemos más tiempo para refundar esta España fallida, y para ello necesitamos a los catalanes, que ellos también quieran participar en una refundación que no puede limitarse al modelo territorial, porque no es lo único fallido
El ascenso de la izquierda que rechaza por igual a la España de la Transición y a la Europa neoliberal es esperanzador, muestra que es más lo que nos une que lo que nos separa, y debería animarnos a buscar horizontes comunes: españoles, ibéricos, mediterráneos, europeos.
http://www.eldiario.es/zonacritica/catalunya_mas_elecciones_6_73202683.html

Lisistrata dijo...

http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2012/11/estan-capacitados-los-autenticos.html?showComment=1353955810774#c6843751035574500676

¿Están capacitados los auténticos creyentes para ser gobernantes en una sociedad avanzada?


Desde diversas entradas de este blog he venido defendiendo que los verdaderos y auténticos creyentes están incapacitados para desenvolverse con normalidad en este mundo hiperdesarrollado. Ello es debido a que, las supuestas verdades reveladas de su fe y en las que basan sus opiniones y también sus actos ha sido refutadas por el conocimiendo científico actual, por lo que se encuentran habitualmente ante la molesta disyuntiva de actuar en contra de sus creencias (lo que genera problemas de conciencia, indecisión y estrés) o bien de perseverar en su piadoso error, lo que muchas veces es perjudicial para sus propios intereses, salud o incluso supervivencia como en el caso en que la religión choca con la medicina. Pero en general, mientras este tipo de conflictos se mantengan en la esfera de lo personal, afectando únicamente al individuo en cuestión, queda como un simple problema de libertad de una personal disfuncional.
Sin embargo esta situación cambia radicalmente cuando se pasa de la esfera de lo personal a la de lo público, es decir cuando uno de estos verdaderos y auténticos creyentes alcanza un puesto relevante en la maquinaria de poder. Desgraciadamente en España hemos tenido varios ejemplos recientes de este comportamiento basado en una disparatada mezcla de ignorancia, prepotencia y desinhibición debida al virus de la fe, con diferentes ministros, magistrados del tribunal supremo y alcaldesas haciendo absurdas declaraciones, más propias de un monje medieval que de una persona supuestamente instruida de nuestro actual siglo XXI y de cuyo experto criterio depende la toma de decisiones importantes para el buen gobierno del país. Entonces ¿es juicioso dejar en manos de estos iluminados el gobierno que requiere nuestra actual sociedad?
Pues bien ahondando es esta línea, el economista y premio Nobel de Economía Paul Krugman analiza en un reciente artículo la capacitación del que, en la actualidad es una estrella emergente del universo político republicano estadounidense y la persona que, ahora mismo tiene más posibilidades de liderar ese partido ultraconservador de cara a las presidenciales de dentro de cuatro años. Se trata del senador Marco Rubio, una persona profundamente religiosa (en este caso y para variar de la corriente católica) como sólo se puede ser en EEUU, el cual cuando era presidente de la Cámara de Representantes de Florida, comparó la enseñanza de la evolución con las tácticas de adoctrinamiento comunista y declaró que la enseñanza de la ciencia podría socavar la fe de los niños en lo que sus padres les han dicho que crean. Nuestro paladín del conservadurismo también hizo gala de su literalismo bíblico cuando en una entrevista se le preguntó por la edad de nuestro planeta declarando

“Yo no soy científico, hombre”, “es una disputa entre los teólogos” y “es uno de los grandes misterios”


Es para que el entrevistador le hubiera recordado que no hay misterio alguno ni disputa entre teólogos, porque unos señores llamados geólogos (de los que probablemente no tiene noticia nuestro ignorante político) han determinado una edad de la Tierra que no concuerda para nada con lo escrito en su adorada biblia por unos iluminados de la Edad del Bronce.

Como bien dice Krugman

"ahí tienen la actitud del moderno Partido Republicano, no solo hacia la biología, sino hacia todo: si las pruebas parecen contradecir la fe, eliminen las pruebas"

Patrick Bateman dijo...



-Pedro J. Ramirez ‏@pedroj_ramirez

“Quién nos iba a decir que en la redacción de EL MUNDO tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña”!

-El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha imputado a los periodistas de El Mundo Eduardo Inda e Esteban Urreiztieta, tras admitir a trámite la querella por calumnias e injurias presentada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, contra el citado diario.

Patrick Bateman dijo...



http://www.agarzon.net/practicas-politicas-o-practicas-mafiosas/

Desde que comenzó la crisis es creciente un sentimiento que se ha convenido en etiquetar como «antipolítico» y que se basa en culpabilizar de casi todos los males a las personas con cargos institucionales. Desde luego partimos de un hecho obvio: muchos políticos han tenido responsabilidad en la gestación de la crisis. Ahora bien, lo han sido en tanto que han actuado como corruptos, caciques y sujetos irresponsables que no advertían los riesgos y consecuencias de un determinado modelo de crecimiento económico, pero no en tanto que políticos. Ahí reside la diferencia crucial que nos lleva a una necesaria defensa de la política en su sentido clásico.

Muchas personas consideran que la mayoría de los políticos actúan sin ética colectiva alguna, únicamente pensando en sus propios beneficios. Y, desgraciadamente, es cierto. No obstante, conviene hacer algunas precisiones. La ética, como cualquier otra institución, no es universal y atemporal. Es decir, no existe el comportamiento moralmente aceptable que es válido para cualquier tiempo histórico sino que, por el contrario, dependerá de una serie de condiciones históricas que varían en el tiempo.

Gramsci nos ayuda a establecer una compartimentación analítica entre la ética privada y la ética pública, es decir, entre la ética individual y la ética de lo colectivo. Para el autor italiano es importante recalcar que la política pública, como forma de organizarnos en tanto que sociedad humana, está separada de la ética individual. Es decir, no nos debe interesar el comportamiento ético del político en su vida privada sino el comportamiento ético del político en su vida pública.

Durante este año una concejal de un pequeño pueblo español sufrió la filtración por internet de un vídeo privado de índole sexual, lo cual levantó un enorme escándalo político y mediático. Incluso algunas personalidades de la alta política, como la exministra de vivienda del Partido Socialista, pidieron su dimisión por «no saber gestionar su vida privada». Sin embargo, es obvio que todas aquellas críticas no iban dirigidas a la persona en tanto que política –y en consecuencia a su visión de la ética de lo colectivo– sino a su vida personal y privada y su visión de la ética privada. Desde el punto de vista de Gramsci, que se comparte, aquel incidente no nos debe importar lo más absoluto ya que «el hombre político no puede ser juzgado prioritariamente por lo que éste haga o deje de hacer en su vida privada, sino teniendo en cuenta si mantiene o no, y hasta qué punto lo hace, sus compromisos públicos».

Lo que sí debemos asegurar, por el contrario, es que los políticos tengan una ética de lo colectivo, es decir, que utilicen la política institucional para hacer política, esto es, como medio para alcanzar determinados fines ideológicos. Así, es necesario denunciar al político profesional «que vive en y de las políticas con mala fe, sin convicciones éticas, haciendo de las actuaciones y decisiones públicas un asunto de interés privado».
Para Gramsci, hay que lograr que la política se separe de la ética individual con objeto de evitar que el comportamiento propio de las sectas y las mafias, donde la asociación es un fin en si mismo y donde la ética y la política se confunden al elevar a universal el interés privado, sea asociado a la política en su sentido puro.

Desgraciadamente en este país abundan más las prácticas mafiosas y sectarias que la política en sí misma. Por todo ello es importante insistir en la necesidad de defender la política en su sentido noble frente a aquellos que, aprovechándose de ella, la violan continuamente en beneficio privado.

Futbolín dijo...

Soy independentista catalán
Javier Gallego
http://www.eldiario.es/zonacritica/independentista-catalan_6_73202709.html

José María Hernández dijo...

Valorado Palazon, al respecto de las pretendidas infracciones por el tema de la ORA, habría, creo, que matizar que en la Notificación-Decreto de Incoación que remite la Policía Local, aparece un apartado que dice Núm. Agente....... La cuestión es que ese número que pretende identificar al Agente de la Policía Local no se corresponde con ninguno de ellos. Sí corresponde al número del controlador de la ORA (Como se puede comprobar en el boletín que ellos dejan en el parabrisas), que todos sabemos no tiene consideración de autoridad pública que es la necesaria para poder multar, según se recoge en el Art. 3 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por R.Decreto 320/1994 de 25 febrero.

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