martes, 19 de marzo de 2013

Justicia a la española

 Hubo una vez, un alcalde en Jérez de la Frontera, llamado Pedro Pacheco, que tuvo la genial idea de proclamar que la justicia española es un cachondeo y, como sufro una degeneración cognitiva del tipo alzheimer, no recuerdo bien qué le pasó, si lo procesaron y si lo condenaron por ello, quizá pinchando en Google “alcalde de Jérez Pacheco” nos informen de ello. Pues, no, lo he hecho y en Wikipedia sale la historia entera de este peculiarísimo alcalde que aún parece que anda por allí, dando guerra.
 Todo esto venía a cuento porque, en este mismo momento, 2 jueces españoles de cierta categoría, el juez Ruz, del juzgado nº 5, el que antes ocupaba Garzón, y el juez Gómez Bermúdez, del juzgado nº 3,  ambos de esa misma Audiencia Nacional, que algunos malintencionados dicen que es la heredera del antiguo Tribunal de Orden Público,  canallesco engendro del Régimen franquista, luchan a muerte por hacerse con el juicio más importante, publicitariamente hablando, que hoy se dirime en todo el ámbito de la justicia española, el puñetero caso Bárcenas, del que, en otro país que no fuera éste, dependería el destino nada más y nada menos que del actual gobierno de España y del partido político más importante de esta jodida nacionalidad.
 ¿Es bueno o es malo para este desdichado país que esto ocurra?
 En principio, es bueno, porque demostraría el supremo interés que los magistrados españoles tienen porque prevalezca la verdad judicial.
 En principio, también, es malo, porque lo ideal sería que ambos magistrados, que ejercen la justicia en un país teóricamente civilizado, se pusieran de acuerdo entre ellos sobre a quién corresponde realmente la competencia sobre este interesantísimo asunto, de cuya resolución dependería, como ya hemos dicho, la suerte del gobierno de España, que es casi tanto como decir de la propia puñetera España.
 Pero sucede precisamente todo lo contrario, ambos magistrados que persisten en que la competencia del caso Bárcenas le corresponde a  ellos, personal y exclusivamente, con inhibición más o menos gentil del otro, están rivalizando en una carrera de decisiones judiciales tendentes a adelantarse en la tramitación de las diligencias más importantes del caso, de tal manera que devenga en imposible la continuación de la competencia del otro, ya que uno de los principios inmutables de la jurisdicción es que la instrucción de un proceso judicial es personalísima e intransferible porque anda por medio ni más ni menos que el principio de inmediación personal del juez, porque de la misma depende ni más ni menos que su propia convicción respecto a aspectos esenciales del proceso.
 Pero, volviendo, al hecho no ya importante sino realmente decisivo de a quién le interesa al pueblo español que se haga, al fin, con la competencia de este maldito asunto, mi humildísima opinión es que a Gómez Bermúdez, sin ninguna duda, por las siguientes y decisivas razones:
 1ª) porque toda la carcundia española ha apostado decididamente porque éste juez, que tramitó el famoso atentado del 11M, con un resultado que a ella le parece desastroso, a pesar de que coincida no sólo con la percepción general de aquellos ciudadanos que además de españoles tengan la condición de honrados, que no son demasiados ciertamente, sino con la de todo el mundo mundial, “ergo” si esos repugnantes canallas quieren cargarse a G. Bermúdez es porque lo consideran capaz de volver a sentenciar rectamente, lo que supondría ni más ni menos que el PP no sólo tendría que salir del Gobierno sino, ¿quién sabe si tendría también que desaparecer de la escena política española?, cosa que desafortunadamente no verán mis ojos, porque éste es un país de claro predominio de los idiotas y de los sinvergüenzas;
 2ª) porque, aún suponiendo, lo que es mucho, quizá demasiado suponer, que el juez Ruz sea capaz de enfrentarse impávidamente a toda esa inmensa jauría mediática que atacará ferozmente al magistrado que ponga realmente en peligro no sólo la continuidad del Gobierno sino también del partido político que tiene indudablemente la culpa de todos los desastres y miserias que nos afligen, a este magistrado que desempeña provisionalmente el antiguo juzgado de Garzón, le quedan para seguir ocupándolo 2 o 3 cortes de pelo, "pelás", dicen en mi jodido pero sabio pueblo, e inmediatamente, escribiendo en términos de la jurisdicción española, será sutituido ni más ni menos que por un colega que, según la prensa, ocupa actualmente un puesto en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta ni más ni menos que del PP, lo que significa y representa que "Adiós, cordera", o sea, adiós a cualquier posibilidad de que uno de estos señores atente contra sí mismo, ¿a que no?;
 3ª) y la prueba indubitable de la certeza de todo lo que estamos escribiendo es: A) que al juez G. Bermúdez, el Fiscal General del Estado, a través de uno de sus sumisos subalternos, le está poniendo en los rodamientos de su andadura toda la arena que puede en forma de todos los recursos jurisdiccionales que encuentran, lo que supone:
a) que el proceso se demorará lo suficiente para que la sustitución del juez Ruz, en el antiguo juzgado de Garzón, se produzca a favor de un juez evidentemente más pepero que el propio Rajoy y
b) que la función demoledora de la intachabilidad del juez G. Bermúdez para tramitar el proceso POR PARTE DE TODA LA PRENSA NACIONAL haya agotado todas las posibilidades no ya existentes, que no las hay, sino ni siquiera imaginables según las normas que rigen la inhabilidad que, para entender legítimamente de un proceso, establece el articulado de la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.
 En estas condiciones, si el juez G. Bermúdez aguanta semejante tirón habrá demostrado que el juez Garzón sólo era un aprendiz de magistrado superviviente frente a la jauría de toda la carcundia nacional. 
 Que el Dios del Papa Francisco y todos sus arcángeles y ángeles le amparen porque lo va a necesitar y mucho.

13 comentarios:

Futbolín dijo...

Seguro que hará todas las trampas posibles y las imposibles, prueba evidente de lo mucho que han robado, de hecho está tan claro que a la Cozpedal no se la entiende cuando habla de Barcenas, casi que les podían condenar con un juicio sumarísimo, que ridículo para la marca eZpaña.

Muchas felicidades D. José, (dentro de lo que cabe que no es demasiado), un abrazo.

Patrick Bateman dijo...

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/50916-piden-la-detenci%C3%B3n-de-franquistas-desde-argentina-entre-ellos-el-suegro-de-gallard%C3%B3n-ministro-de-justicia-del-gobierno-de-rajoy.html

“Mucha gente pregunta por qué acá y no en otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”

La querella argentina contra los crímenes del franquismo tomó un nuevo giro. Los abogados representantes de familiares y víctimas entregaron un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de María Servini de Cubría, donde piden que la magistrada libre órdenes de detención internacional, con el fin de ser extraditados e indagados, para nueve españoles vinculados con el régimen de Franco. Se trata de funcionarios, ex jueces y policías acusados de diferentes crímenes. El suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del gobernante Partido Popular, es uno de los acusados.

Junto a la abogada Ana Messuti, el abogado Carlos Slepoy, que llegó días atrás desde España para reunirse con Servini de Cubría, señala que todo comenzó con dos presentaciones particulares en Buenos Aires. La querella reúne hoy más de 150 denuncias. “González Pacheco era una especie de Astiz, un torturador notorio del franquismo condecorado en democracia”, señala Slepoy. “Si se libran las órdenes de detención va a haber un clamor en toda España para que se los detenga y extradite a la Argentina”, augura el abogado.

Patrick Bateman dijo...

Página/12 tuvo acceso, en exclusiva, a datos personales, las funciones que desempeñaron y los crímenes imputados a esos funcionarios. Rodolfo Martín Villa (79 años) fue ministro de Relaciones Sindicales, senador por designación real y diputado por Madrid. También presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. Lo apodaron “la porra de la Transición” por su saña en la represión de manifestaciones obreras y estudiantiles mientras era ministro de Gobernación. Roberto Conesa, conocido por sus brutales prácticas de tortura, estuvo bajo su mando. La Asociación de Víctimas 3 de Marzo del País Vasco lo hace responsable de cinco muertes y más de cien heridos durante un ataque perpetrado en Vitoria en 1976.

El suegro de Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina (87), es miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco. Militó en el Frente de Juventudes, brazo del partido fascista. Gobernó Ciudad Real, Burgos y Sevilla y fue vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento hasta poco antes de la muerte de Franco. Se le imputa haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil. Es considerado colaborador necesario de ese crimen.

Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007, Fernando Suárez González (80) fue jefe en Oviedo del Sindicato Español Universitario, gremio fascista de afiliación obligatoria para los estudiantes. Se desempeñó como ministro de Trabajo hasta la muerte de Franco. Firmó la condena a muerte de cinco antifranquistas fusilados el 27 de septiembre de 1975. Rafael Gómez Chaparro Aguado (86) cerró el caso Montejurra, por el asesinato de dos militantes carlistas a manos de bandas parapoliciales. Fue juez de instrucción del Tribunal de Orden Público entre 1972 y 1977. Por lo menos tres testigos señalan que el juez desestimó sus denuncias por malos tratos y torturas.

Patrick Bateman dijo...

Jesús Cejas Mohedano (67) ingresó en 1969 al cuerpo jurídico del ejército. En 2002, el Consejo General del Poder Judicial admitió su ingreso a la carrera de magistrado. Fue vocal del Consejo de Guerra que condenó a muerte a tres personas: José Humberto Baena Alonso fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. Hasta su disolución en 1976, Juan Antonio González Pacheco (67) formó parte de la Brigada Político Social (BPS) que actuó como policía política de la dictadura. Acacio Puig Mediavilla, Antonio Chapero Varela y Silvia Carretero Moreno, entre otros, denunciaron a “Billy el niño” por torturas.

José Ignacio Giralte González (71) fue miembro destacado de la BPS hasta su disolución y comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Al igual que Cejas Mohedano, fue acusado por numerosos testigos de torturas. Celso Galván Abascal (77) fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Lo denuncian por haber diseñado estrategias de sufrimiento. Jesús Muñecas Aguilar (74) ingresó a la Guardia Civil en 1961. Es dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en 1994 homenajeó, junto con los guardias que lo acompañaron, a Antonio Tejero. También es sindicado como torturador.

Amnistía Internacional, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Unida i Republicana, los sindicatos CGT, CC.OO. y UGT –entre otras fuerzas– apoyan a la querella argentina para que se investiguen esos crímenes. Desde un despacho atiborrado de documentos y nuevas denuncias, Slepoy considera que, en caso de concretarse, las detenciones pueden abrir paso al fin de la impunidad del franquismo. Para el abogado, sería ideal que los consulados argentinos en el exterior recibieran denuncias para remitirlas luego a España.

El balance de la reunión con Servini de Cubría, según Slepoy, fue satisfactorio. “Creo que la jueza es consciente de la trascendencia histórica de este procedimiento”, afirma. “Los argentinos tenemos al Che Guevara, a Messi, un papa: ahora esperamos tener un juez universal”, bromea. Se espera que en abril, cuando la causa 4591/10 cumpla tres años de iniciada, comiencen las videoconferencias entre Servini de Cubría y los denunciantes que se encuentran en España para agilizar los tiempos de la investigación.

“Mucha gente pregunta por qué acá y no en otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”, responde. El viernes, Slepoy y el grupo de abogados que lo acompañan realizarán una conferencia de prensa a las 12, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para comentar los avances de la querella.

Futbolín dijo...

Fort Apache - Traficantes de información: ¿La comunicación es un derecho o un negocio?

http://www.youtube.com/watch?v=jDmIihx-wc0

Patrick Bateman dijo...

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165556&titular=ninguno-de-los-detenidos-del-25-s-trat%F3-de-invadir-con-violencia-el-congreso-
El pasado 25 de septiembre de 2012, durante la movilización denominada “Rodea el Congreso” se produjo la detención de 35 personas, en una intervención policial llena de irregularidades y cuestionada desde distintas organizaciones.

En el Auto que acordó la libertad de los detenidos, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, de manera sorpresiva se les imputó la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.

En consecuencia, el mismo Juzgado de Instrucción acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional por considerar que había indicios de que los 35 detenidos habían tratado de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Se imputaba a 35 personas nada menos que de tratar de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”, un delito recogido en el art. 493 del Código Penal y castigado con hasta 5 años de prisión, cuando muchas de ellas fueron detenidas a cientos de metros del Congreso de los Diputados.

Contra dicho Auto, se interpuso por parte de las defensas de las personas detenidas recurso de apelación, por considerar que no existe indicio alguno para sostener que ninguno de los detenidos hubiesen tratado de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Más de cinco meses después, en el día de hoy, nos han notificado el Auto de Audiencia Provincial de Madrid que acuerda estimar los recursos de apelación interpuestos por los Letrad@s de esta Comisión junto con otras compañeras y revocar el Auto del Juzgado de Instrucción que acordaba inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, por considerar que ”no existen indicios de que los imputados utilizaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idoneos para invadir la sede del Congreso de los Diputados”

Desde la Comisión Legal queremos celebrar dicha resolución, que entendemos pone coto a la estrategia criminalizadora de la Brigada de la Información y de Delegación de Gobierno, que trató de “fabricar” un atestado para que los detenidos fuesen imputados nada menos que por un delito contra las altas instituciones del Estado que no habían cometido. Esperamos que ahora se vayan aclarando cada una de las arbitrarias detenciones ocurridas el 25 de septiembre y que se investiguen los malos tratos sufridos por las personas detenidas en su estancia en la Comisaría de Moratalaz y que fueron objeto de denuncia.

http://madrid.tomalaplaza.net/2013/03/20/la-audiencia-provincial-echa-por-tierra-el-montaje-de-la-delegacion-del-gobierno-ninguno-de-los-detenidos-del-25-trato-de-invadir-con-violencia-el-congreso/apelacion-25s-sn/

Patrick Bateman dijo...

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165557&titular=el-gobierno-quiere-dar-v%EDa-libre-al-%22%3Ci%3Efracking%3C/i%3E%22-

Mientras que cada vez son más las administraciones que se declaran “territorio libre de fracking”, el Gobierno español no hace otra cosa que acentuar su apuesta por una técnica de extracción de hidrocarburos, la fractura hidráulica, ampliamente criticada por los riesgos ambientales que genera. Y es que el ejecutivo que preside Mariano Rajoy está terminando un anteproyecto de ley que rebajaría las exigencias ambientales que debería cumplir un proyecto de fracking. Según informa el diario económico Cinco Días, el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando una normativa para modificar las actuales evaluaciones de impacto ambiental que “alivian los requisitos”, hasta el punto de que podría incumplir directivas de la UE, según los expertos consultados por dicho rotativo.

El fracking consiste en inyectar agua mezclada con arena y aditivos químicos -que quedan en el subsuelo- a alta presión con el objetivo de romper las rocas del subsuelo y liberar el gas y el petróleo que tengan incorporado para hacerlo fluir hasta la superficie. Muy habitual en los Estados Unidos, el método despierta recelos entre la comunidad científica y los países europeos, con el argumento de que supone un riesgo muy grande de contaminación de los acuíferos. Francia, Irlanda y Canadá son algunos de los estados que la han prohibido.

Actualmente, en los Països Catalans ya hay una quincena de permisos solicitados o concedidos para buscar hidrocarburos y extraerlos, en caso de que se localicen, mediante esta técnica. La mayoría están solicitados por filiales de grandes multinacionales. El PP es, con diferencia, el partido que más está apostando por esta técnica, como demuestra su reciente negativa a prohibirlo en una votación en las Cortes valencianas y el anteproyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente.

En Cataluña, el Departamento de Empresa y Empleo anunció el pasado viernes que retiraba el permiso de investigación de hidrocarburos a la compañía Teredo Oils Limited, que había sido autorizada en octubre a explorar un área de 51.000 hectáreas comprendida entre las comarcas de Garrotxa, Osona y el Ripollès. El argumento del Govern es que Teredo Oils no ha presentado su plan anual de trabajos en el plazo que establecía el permiso de investigación, pero la decisión también responde a la creciente movilización ciudadana contra el fracking, ejemplificada con el recurso administrativo que presentó la Plataforma Riudaura Juntos. Teredo Oils quería empezar este año las perforaciones en Riudaura (Garrotxa).

Reunidas bajo el paraguas de la Plataforma Paremos el Fracking (PAF), han ido surgiendo en el territorio varias entidades que se oponen a diversos proyectos de investigación de gas no convencional en el Principado, que afectan sobre todo a comarcas de la Cataluña central. El rechazo del territorio parece que empieza a ser escuchado por la Generalitat, pero el Gobierno mantiene aún su apuesta ciega por el fracking.

Patrick Bateman dijo...

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165598&titular=el-pp-sube-la-presi%F3n-y-amenaza-con-incumplir-una-sentencia-en-contra-

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, apeló a la «ingeniería jurídica» ante una posible sentencia derogatoria. Poco después rectificó y lo dejó en manos de los jueces. El Gobierno español apura su campaña de presión con la mirada puesta en sus sectores más ultras.

«Ingeniería jurídica». Esta es la receta sugerida ayer por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante una posible sentencia derogatoria de la doctrina 197/2006. Tras una semana de presión in crescendo, el Gobierno de Mariano Rajoy elevó el tono y pasó directamente a amenazar con la rebeldía contra los tribunales europeos. Al mismo tiempo que la Gran Sala de Estrasburgo analizaba el caso, diversos altos cargos del Ejecutivo del PP, encabezados por el propio presidente, desplegaron su argumentario, basado ayer en el concepto de «tarifa plana» ante los delitos.

Presionado por los sectores ultras y nervioso ante la posibilidad de que Estrasburgo tumbe definitivamente la doctrina, Madrid amaga con incumplirlo. Una huida hacia adelante que incide en la misma línea abierta cuando el entonces ministro de Justicia del PSOE, Fernando López Aguilar, anunció en 2006 la «construcción de nuevas imputaciones» para evitar la excarcelación de presos vascos.

En público, tanto Rajoy como Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, mostraron su confianza en que Estrasburgo les avale. Pero no las tienen todas consigo. El hecho de que el jefe de Gobierno, que no se prodiga en la prensa, sí que atendiese ayer a los micrófonos en los pasillos del Congreso es una muestra del acelerón. «La `doctrina Parot’ ha sido un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo y espero que así lo entiendan», aseguró.

No obstante, fue Jorge Fernández Díaz quien se atrevió a llegar más lejos, asegurando que ya trabajan en fórmulas para evitar cumplir una sentencia condenatoria. Lo hizo por la mañana, en Onda Cero, donde afirmó que «hay margen para la ingeniería jurídica». Luego matizó sus palabras asegurando que, en todo caso, esta es una cuesitón que compete a los tribunales y no al Ejecutivo. La misma respuesta que dio recientemente en el Congreso, cuando fue interpelado por Amaiur por incumplir la primera sentencia del TEDH que instaba a la liberación inmediata de Inés del Río. Paradójicamente, el 11 de julio, cuando los jueces tumbaron la doctrina, fue él quien dejó claro que no sería excarcelada.

Patrick Bateman dijo...

Hasta Rajoy se pronuncia

Madrid quier dar a entender que está dispuesto a poner las cosas difíciles a los jueces, pese a haber reiterado previamente que «acataría» una sentencia derogatoria. Entre las opciones que baraja están la de dilatar al máximo el proceso, limitando su aplicación al caso de Del Río y forzando a que el resto de prisioneros tengan que llegar hasta Europa. Así lo dejó entrever Ruiz Gallardón, quien afirmó que Estrasburgo «juzga casos individuales», por lo que cada uno «tendría que ser resuelto por el propio tribunal». Otra paradoja: el mismo día en el que se insinuaba la desobediencia, Rajoy se escudaba en el «cumplimiento de la ley» para rechazar el llamamiento al diálogo de Amaiur.

El PP fue el único que recurrió a la brocha gorda en el Estado español. El PSOE no hizo declaraciones e IU, que tampoco habló, ya dejó claro que rechaza la doctrina. Además, las agrupaciones de jueces avisaron de que Estrasburgo «sienta jurisprudencia». Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, criticó la afirmación de la «ingeniería jurídica» y alertó de que Madrid «perdería toda credibilidad» si no acata.

«Lobby» escaso para los ultras

La reacción del Ejecutivo del PP no se puede desligar de la presión que ejercen los sectores más inmovilistas de la derecha española, agrupados en algunas asociaciones de víctimas de ETA y el ala derecha del PP (y UPyD). En los últimos días se han sucedido las voces que interpretaban que Rajoy no ha hecho lo suficiente para convencer al tribunal. Todo ello, pese a la campaña desplegada por el PP.

A los contactos con medios del Estado para «calentar el ambiente» se suma la labor de lobby desarrollada por Fernández Díaz ante sus homólogos en Bruselas. También jueces de diversos ámbitos y otras instituciones han sido tocados para que hiciesen llegar a sus colegas europeos el punto de vista del Gobierno del PP. Maniobras insuficientes para el sector duro, que mira con desconfianza a Rajoy. Hasta que salga la sentencia, Moncloa podrá hacer pedagogía sobre otra condena que obligaría a la excarcelación o seguir como hasta ahora.

Futbolín dijo...

Del amigo Joanmartí:
EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL HOLOCAUSTO DE IRAK, LOS 4 ASESINOS EN SERIE ANDAN SUELTOS..
http://joanmarti.wordpress.com/2013/03/21/en-el-decimo-aniversario-del-holocausto-de-irak-los-4-asesinos-en-serie-andan-sueltos/

Futbolín dijo...

LOS ASESORES
El gobierno ha admitido que una parte de los 578 asesores del presidente Rajoy no tienen el graduado escolar. No dice quiénes son o a qué se dedican esos consejeros, pero solo un mal pensado sospecharía que entre ellos pueda haber amigos del partido y sobrinos bien recomendados. Seguramente no se pudo encontrar a gente con mejor currículo entre los seis millones de desempleados del país. O entre las decenas de miles de profesionales con experiencia que han tenido que exiliarse en busca de trabajo. Se critica mucho la cantidad de asesores que tienen los políticos, cuando todo indica que no disponen de suficientes.
La alcaldesa de Madrid tiene siete veces más “cargos eventuales de libre designación” que su homólogo de París y basta ver cómo rige la ciudad para concluir que no le vendrían mal algunos extra. En la Rioja hay un asesor por cada 6.500 habitantes y tampoco allí marchan las cosas. Andalucía gasta nueve millones de euros al año en recompensar el esfuerzo de los suyos, sin que se haya logrado sacar a la región de entre las más subdesarrolladas de Europa. Y así hasta sumar los 17.000 asesores que según una investigación del suplemento CRONICA (El Mundo) trabajan en España. Parecen muchos, pero hacen falta más.
Una de las nuevas incorporaciones debería ser un asesor que asesore sobre cuántos asesores deben seguir asesorando a los asesorados para que tanto asesoramiento produzca al fin algún resultado. ¿A cuántos sobrinos más hay que colocar para que se resuelva el problema del paro? ¿A cuántos lameculos es necesario poner en nómina para llevar al país por el camino de la meritocracia, donde los puestos se alcancen en función de la excelencia y no por tener carné del partido? ¿A cuántos no graduados de secundaria hay que dar una legítima oportunidad laboral en Moncloa para que, con su experiencia en el fracaso escolar, logren mejorar la educación? ¿Cuántos hacen falta para convencer a los políticos que llevan años exigiendo sacrificios que se apliquen alguno? Que nos digan cuántos asesores más necesitan. Que se contrate a los que haga falta. A dedo. Ya.
http://davidjimenezblog.com/2013/03/21/los-asesores/

eddie dijo...

1) LA CIA PRETENDE CONTROLARLO TODO EN INTERNET

http://www.diario-octubre.com/2013/03/21/la-cia-pretende-controlarlo-todo-en-internet/

2) http://elventano.blogspot.com.es/2013/03/bankia-acepta-la-dacion-en-pago-la.html

Bankia acepta la dación en pago a la mujer del capo de la Gürtel

Futbolín dijo...

LAS CONTRADICCIONES DEL NUEVO PAPA
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6707/las-contradicciones-del-nuevo-papa/

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