viernes, 15 de mayo de 2015

Presunta corrupción judicial




http://www.publico.es/politica/querella-tres-jueces-retrasar-imputacion.html


Ayer, los diarios traían una noticia aparentemente insignificante: Carolina Bescansa, la encargada en Podemos de esta clase de asuntos, había dado las instrucciones oportunas para que se interpusiera ante el juzgado al que por turno corresponda una querella por prevaricación contra los 3 magistrados componentes de una sección del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

“MADRID.- La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, junto al secretario general de la formación en Murcia, Óscar Urralburu, han presentado querella este jueves en el Tribunal Supremo contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a los que acusan de prevaricar al remitir a un juzgado ordinario, en vez de tramitar directamente, una querella que la Fiscalía presentó contra el candidato del PP Pedro Antonio Sánchez para evitar que fuera imputado en plena campaña electoral.

La querella se dirige contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya, quien también es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pascual de Riquelme.


A las puertas del alto tribunal, Bescansa ha manifestado que tanto el magistrado del TSJ que emitió voto particular contra el criterio de sus compañeros como el fiscal de Murcia dieron una lección al decir a la ciudadanía que "nadie está por encima de la ley" y que por eso han venido al Supremo a apoyarles y a pedir explicaciones a "aquellos que están dictando resoluciones que van contra derecho".

Defender la democracia

"Estamos aquí defendiendo la democracia y la lucha contra la corrupción --ha subrayado Bescansa--, que hace que con los recursos públicos haya unos pocos enriqueciéndose y unos muchos perjudicándose".

Con estas palabras ha coincidido el secretario de Podemos en Murcia, que ha indicado que "la lucha contra la corrupción también significa defender a todos esos jueces y fiscales que están trabajando todos los días para defender la democracia, la separación de poderes y la libertad en nuestro país".

"Es hora ya de que nos pongamos del lado de toda esa ciudadanía que está trabajando intensamente por nuestro país por nuestra democracia y por nuestras libertades", ha añadido Urralburu, para señalar que por ello se ponen de lado del juez Abadía y del fiscal de Murcia.

Investigación al PP

Por su parte, el abogado Jiménez Ruiz ha explicado que el pasado 2 de febrero la Fiscalía presentó una querella dirigida, entre otros, contra Pedro Antonio Sánchez, por entonces consejero de Cultura, Educación y Empleo, así como diputado de la Asamblea Regional de Murcia , en relación con la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde el mandatario conservador.
El TSJ pese a reconocer el carácter de aforado del diputado del PP decidió remitir el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Lorca, en vez de tramitarlo
Dichas obras fueron abonadas por más de 5,5 millones de euros y sin embargo, continúan sin terminar a día de hoy. En dicha querella se le imputaba al candidato popular la posible comisión de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, si bien el TSJ pese a reconocer el carácter de aforado de Sánchez decidió remitir el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Lorca.

Esta decisión contó con el voto discrepante de otro magistado, Manuel Abadía, que afirmó que la decisión carecía de sentido puesto que la competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado.

Ante el recurso de la Fiscalía la Sala dictó un en nuevo auto argumentos muy similares a los del primero, y volvió a remitir el caso a los juzgados de instrucción de Lorca, a pesar de la existencia de indicios de criminalidad relacionados con la actuación del aforado, según detalla la querella presentada este jueves.

Para entender la justificación de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente según Podemos, hay que saber en qué momento se producen. El primer Auto es de 2 de marzo, cuando se están decidiendo los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, con lo que esa resolución dejaba al candidato en un limbo judicial, evitando su imputación directa por el TSJ, según Podemos.

El segundo auto, el que resuelve el recurso contra el primero, tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se aseguraba una campaña electoral tranquila, evitando la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya proclamado candidato del Partido Popular.

Entendiendo que esas resoluciones no obedecen a las previsiones legales y que poseen un claro sentido político, Podemos interpone querella contra los tres magistrados del Tribunal Superior de la Región de Murcia con el objeto de que clarifiquen la base jurídica de las decisiones adoptadas y, si fuera el caso, asuman las responsabilidades legales que de ellas se deriven”.

Podemos ha hecho lo que tenía que hacer, pero leyendo los comentarios de este artículo de Público, me siento en la necesidad de aclarar una situación de la que la inmensa mayoría de la ciudadanía no tiene ni idea.

El corporativismo judicial español es, quizás, el corporativismo más feroz de todos los existentes en el mundo.

Se basa en la idea de que nunca nadie podrá hacerle daño a un juez sin la colaboración de otro juez, idea que ya subyacía en el famoso diálogo entre Platón y Sócrates sobre el “qui custodiat custodes”, quién juzgará a los jueces.

En estas condiciones es absolutamente ingenuo pensar que unos jueces, al conocer de esta querella que, de prosperar, implicaría la pérdida de la carrera judicial a los tres magistrados querellados, van a dictar una resolución que condene a dichos jueces por un delito que implica necesariamente la pérdida de su condición de tales.

Pueden contarse con los dedos de una mano, y sobran dedos, los casos en los que la jurisdicción penal española ha admitido la comisión del delito de prevaricación por algún magistrado español, y en todos estos casos, se da la circunstancia de que la resolución judicial adoptada por el juez querellado estaba dictada contra autoridades o instituciones franquistas o contra jueces que se habían atrevido de meterse con los amigos de los representantes más activos de su franquismo residual.

De modo que Podemos debe perder toda esperanza de que su querella  prospere en este caso, pero ha hecho lo que debía de hacer ya que la publicidad que la prensa dará a estos hechos impondrá por lo menos la pena de conocimiento universal a la supuesta prevaricación de estos jueces.

No hay comentarios:

calificacion de las entradas