sábado, 15 de agosto de 2015

Reflexiones en orden a la interposición de una querella contra el ministro del Interior




Toda la prensa española, sin más excepciones que las de rigor, se ha abalanzado sobre la yugular del Psoe porque ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado, que no se olvide que depende directa y jerárquicamente del Gobierno, al ministro del Interior por su actuación en el caso de la recepción que concedió en su despacho oficial al imputado Rodrigo Rato.

Al respecto, el referido ministro ha dicho, entre otras cosas, en una comparecencia en el Congreso de los diputados, que ellos, los del PP, se empeñan en afirmar que ha sido a petición propia:

1º) que dicha recepción se hizo con luz y taquígrafos, o sea, con toda la publicidad del mundo; esto lo afirmó el ministro reiteradas  veces;

2º) que no recuerda que haya concedido audiencia en su despacho oficial a ningún otro imputado.

Comencemos por el final, que es como deben hacerse las cosas.

El ministro confiesa paladinamente que no ha recibido nunca a ningún otro imputado por delito, aplicando a la respuesta de dicho funcionario, la regla que establece que cuando un interrogado responde que no sabe o no recuerda, su respuesta debe interpretarse como una evasiva y, por lo tanto, negativa.

O sea que el ministro no ha recibido nunca a un imputado en su despacho oficial simplemente porque no puede ni debe hacerlo.

Y no porque, como dijo uno de sus interpelantes en la comparecencia de ayer, la mujer del César no sólo debe de ser honesta sino también parecerlo, sino porque este hecho está prohibido por el conjunto del Ordenamiento jurídico español, en tanto en cuanto todo él se ha configurado como un conjunto normativo tendente a evitar que el imputado pueda realizar actuaciones directamente encaminadas a evadir u ocultar su responsabilidad criminal.


El imputado no puede solicitar y obtener de una de las más altas magistraturas del Estado en la investigación y la persecución del delito que le reciba oficialmente, CON LUZ Y TAQUIGRAFOS, porque eso, entre otras cosas, supone admitir la posibilidad real de que tal actuación presuponga, ante los encargados prácticamente de realizar dichas actuaciones, que el imputado es persona de tal categoría, rango y amistad personal con dicha magistratura, que proceder realmente contra él de tal modo que de sus actuaciones y de sus pesquisas se deriven hechos realmente perjudiciales para el imputado, puedan ser duramente represaliados.

Esto no sólo es así sino que es por eso por lo que Rato, con el mayor cinismo del mundo, según propia confesión, se está dedicando a visitar a todos sus innumerable amigos de la Administración del PP, a fin de que dichas visitas, cuando transciendan, sirvan a los subordinados de dichos altos funcionarios administrativos como advertencia de que no será conveniente en orden a su porvenir, hacer algo contra un señor que no sólo es amigo sino también compañero de fechorías y antiguo superior jerárquico de sus jefes directos.

O sea que sí que hay motivo suficiente para plantear no sólo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que será rechazada, dada su absoluta dependencia jerárquica y funcional respecto al Gobierno, sino directamente una querella criminal ante la jurisdicción ordinaria.

¿Por qué no lo ha hecho así el Psoe?

Porque los jueces ordinarios de la jurisdicción criminal o penal española, poderosamente infiltrados por el franquismo, como tantas veces hemos expuesto ya por aquí, seguramente rechazarían de plano la misma, lo que provocaría una efecto inatacable por el Psoe, no así esta denuncia ante la Fiscalía General, que sí que puede ser combatida al menos dialécticamente por el Psoe, basándose precisamente en dicha sumisión jerárquica al Gobierno.

O sea que, desde el punto de vista táctico, los letrados del Psoe han actuado de la manera más adecuada a sus intereses propagandisticos.

Porque de lo que no cabe duda alguna es que la querella criminal podía habese interpuesto por ellos directamente ante los tribunales al menos en lo que se refiere al delito de prevaricación que el TS exige para su realización:
(SSTS de 21 de octubre de 2004 –Rec. Casación 1223/2004–, de 21 de julio de 2005 –Rec. Casación 103/2004– y de 1 de julio de 2009 –Rec. Casación 1859/2008–):”......
Objeto: Que la resolución sea contraria a derecho. Porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas más esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.”

La STS de 23 de enero de 1998 (RJ 1998, 50), apunta el adecuado concepto de resolución: «... la resolución es un acto administrativo, aunque no todo acto administrativo puede dar lugar a una resolución a efectos penales. Sólo serán resolución del artículo 404, los actos administrativos consistentes en declaraciones de voluntad realizadas por la Administración (por eso no integran ese delito los informes o dictámenes, sin perjuicio de que el funcionario pueda ser cooperador necesario o cómplice).

Jurisprudencia y doctrina vienen a entender por resolución todo acto de la Administración Pública de carácter decisorio que afecte al ámbito de los derechos e intereses de los administrados. Quedan en consecuencia excluidos de este concepto y por tanto son atípicos, cuantos actos administrativos no tengan carácter decisorio, como, por ejemplo, los actos de trámite, informes, consultas, circulares, dictámenes, etc. Se incluyen tanto los actos constitutivos como los llamados actos declarativos. Y se excluyen:....

Con todo, la necesidad de defensa social no surge por la mera ilegalidad administrativa, es necesario que la arbitrariedad incida significativamente en el administrado o en la comunidad. En caso de duda sobre la arbitrariedad desaparece el aspecto penal de la infracción. La resolución administrativa merecedora de reproche penal ha de decidir sobre el fondo del tema sometido a juicio de la Administración".

¿Puede admitirse que la recepción por el M. del I. de un imputado al que sus subordinados investigan por varios delitos constituya una advertencia a todos éstos para que se cuiden de hallar detalles de la actividad del imputado que puedan perjudicarle?

Si yo como agente autoridad en la investigación sobre los delitos cometidos por un íntimo amigo y compañero muy significado e incluso antiguo superior en el partido de mi jefe supremo veo que éste le recibe oficialmente en su despacho con muestras de suma deferencia, no cabe duda de que esta recepción constituye una advertencia para mi de que debo de tener cuidado con ser demasiado inquisitivo en mi investigación, por lo que dicha recepción oficial no sólo es un acto decisivo sino además muy importante.

Todo lo que hemos expuesto sirve también como fundamentación jurídica para uno de los otros dos motivos alegados por el Psoe, la omisión del deber de perseguir delitos, no así la revelación de secretos, que siendo efectivamente casi seguro que el ministro aconsejó a su gran amigo, antiguo superior y compañero del PP, sobre lo que debería de hacer en atención a precaverse de las actividades investigadoras de sus subordinados, de las que le daría cuenta detallada, esta actuación ministerial, si bien absolutamente probable, no puede afirmarse su comisión de manera absolutamente segura.

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