domingo, 12 de marzo de 2017

Sobre el Tribunal Constitucional, tal como lo ha configurado Rajoy


Descubre el Tribunal Constitucional

Hace ya algún tiempo, uno de mis brazos, no sé si el derecho o el izquierdo, pero da igual, me pedía mi opinión sobre lo que estaba pasando en el Tribunal Constitucional y yo le contesté por aquí:

“Pero lo que hoy “me manda hacer eddie”, no es ni mucho menos una tarea fácil, porque el derecho constitucional es tan duro que por ahí andan atareados los mejores cerebros en la materia, tratando de encontrar la salida a ese “impasse” que, como hemos visto, se produce en nuestro país con motivo de la investidura de un nuevo, o el mismo, presidente de Gobierno.

La Constitución ha sido denominada por algunos “ley de leyes”, lo que quiere decir que todas las leyes han de respetar dicha norma suprema.

Pero, para ello, sería, sobre todo, imprescindible, que ella se respetara a sí misma.

¿Lo hace? 

Yo he respondido ya varias veces a esta pregunta negativamente.

Y no lo hace porque todos los gobiernos que han habido hasta la fecha, la han utilizado para imponer a los otros partidos políticos aquello que no podían imponerles por las buenas.

En este sentido, el PP ha sido un maestro, como en todo, de la tergiversación y la manipulación.

Decía el famoso Conde Romanones, varias veces ministro de los gobiernos de aquella vieja España monárquica que hoy vuelve por sus fueros, refiriéndose a la Cortes: “dejemos a los diputados que hagan las leyes, que, luego, lo arreglaré yo todo haciendo sus reglamentos”.

El PP aprendió del famoso conde la lección y ha dicho “sotto voce”, para que no se enteren los que no se quieren enterar: “1º, yo, haré lo necesario para dominar las Cortes y, por lo tanto, la tarea de hacer las leyes, como por ejemplo, ésa que han dado en llamar “Mordaza”, y, luego, me apoderaré de tal modo del Tribunal Constitucional, que éste no será sino el patio trasero del salón en el que se celebran los Consejos de ministros”.

Y así ha sido. Desde el primer momento, y ante la actitud pasiva de los demás partidos, el PP ha hecho todo lo que tenía que hacer y más, para tener siempre, siempre, siempre, mayoría absoluta en dicho tribunal.

De modo que, cuando el PP, por lo que sea, no puede legislar en las Cortes en primera instancia, impugna la ley que le molesta ante el TC y éste, sumisamente, le arregla el asunto como el PP quiere.

Esto es un escándalo tal que se ha hecho famoso en todo el mundo mundial.

De manera que las Cortes promulgan leyes que capacitan a este ¿tribunal? para hacer lo que le dé la gana, de modo que en este desdichado país todo está preparado para que siempre gane el PP.

Porque lo que van a conseguir ahora es que un tribunal que por su concepción y regulación nunca fue pensado para que fuera un tribunal ejecutivo de sus propias decisiones, ahora, sí, ahora, un tribunal pensado y creado como órgano meramente doctrinal, encargado solamente de decir lo que es o no constitucional, ahora podrá poner sus propias manos a hacer lo que a Rajoy u otro pepero le convenga sin tener que esperar a que otro tribunal de autentica instancia tenga que tramitar y llevar a efecto las sentencias y resoluciones que hasta ahora creaban doctrina constitucional pero que no eran susceptibles de ejecución por el mismo tribunal, por lo que han terminado por darle la razón a Alfonso Guerra cuando dijo aquello de que Montesquieu, el creador de la teoría de la división e independencia de los poderes del Estado, no sólo estaba muerto sino también enterrado.

Dicho de otro modo, mis queridos amigos. El PP ha convertido el TC, la luz que debería iluminar toda la justicia española con excelsas construcciones teóricas de los más altos conceptos jurídicos en  un juzgado más que hace guardia, en una callejuela perdida de una ciudad española más.

No sé si he cumplido tu mandato, tal como querías, eddie.

Hoy, todas las agencias de prensa, traen, más o menos, la siguiente información sobre la consulta que, con su gran instinto para lo noticiable, eddie nos planteaba:

Varapalo del Consejo de Europa a la reforma del Constitucional de Rajoy
La Comisión de Venecia rechaza que el tribunal pueda suspender cargos públicos porque atenta contra su neutralidad

Este organismo consultivo no recomienda otorgar ese poder aunque admite que no contradice "los estándares europeos"La atribución de la responsabilidad total y directa de la ejecución de las sentencias al propio tribunal debería reconsiderarse a fin de promover la percepción del tribunal como un árbitro neutro, como el juez de las leyes", se puede leer en el documento del Consejo de Europa. "Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino bajo requerimiento de las partes", sugiere. El informe definitivo, que no es vinculante, se hará público el lunes."Una gran noticia: Europa, por primera vez, planta cara a España", ha escrito el 'president', Carles Puigdemont, en Twitter.Pese al revés para el PP, la CV, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, concluye que aunque "no recomienda atribuir tales poderes" al tribunal, ante "la ausencia" de una filosofía común, la reforma "no contradice" los "estándares europeos". Y los expertos recuerdan que en los casos en que un representante público "se niega a ejecutar las sentencias, está violando los principios del imperio de la ley, la separación de poderes y la coopeación leal entre los órganos estatales".A estas conclusiones se aferra el Gobierno, que a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha respondido a Puigdemont que el dictamen avala la "legitimidad" de unas medidas que impiden que "algunos caraduras se salten la Constitución y se salgan con la suya".UN PODER EXCEPCIONAL EN EL CONTEXTO EUROPEOLa Comisión ve "legítimo" tomar medidas "para asegurar el cumplimiento" de las sentencias, pero no cree que sea positivo otorgar esa responsabilidad al TC. De hecho, dice que en derecho comparado la fórmula vigente en España es "la excepción". "Por lo general esta tarea se atribuye a otro poder estatal", avisa. En las alegaciones que el Gobierno envió a la CV, el Ejecutivo se escudó en que el Constitucional de Alemania y el de Austria cuentan con herramientas similares.El Gobierno central presentó la reforma justo antes de las generales del 2015 y cuando Mas empezó a defender la declaración unilateral de independencia.Rajoy impulsó estos cambios en octubre del 2015, cuando tenía mayoría absoluta, y cuando el entonces 'president' Artur Mas empezó a defender la declaración unilateral de independencia. La iniciativa legal fue presentada en plena precampaña por Xavier García Albiol. "Respetamos el informe, pero estamos tranquilos", dijo Albiol este sábado.La opinión de la Comisión fue requerida por la Comisión de Control de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que había recibido una queja por la reforma. Fuentes de la CV no han querido desvelar quién la planteó.EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE SITIOEste episodio protagonizado por el Consejo de Europa ha permitido saber que Rajoy ha estudiado la aplicación del artículo 116 de la Constitución por si es necesario para frenar el 'procés'. En el documento de alegaciones que el Gobierno envió a la CV se afirma que "si la situación fuera más grave" y no pudiera solucionarse con otras herramientas, como el artículo 155 (que lamina el poder del Ejecutivo autonómico), podría aplicarse el 116, que se refiere al estado de alarma, excepción y sitio. El estado de excepción está destinado a restaurar el orden público y el de sitio hace referencia a las amenazas o insurrecciones contra la soberanía de España y “su integridad territorial” que no pudiera resolverse “por otros medios”.La bala en la recámara del Constitucional:El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó los últimos momentos de su mayoría absoluta para dotar al Tribunal Constitucional de nuevas armas con las que enfrentarse al desafío independentista. Pero, aunque están ahí, aún no han sido utilizadas. Fuentes del alto tribunal consideran que son innecesarias, al menos de momento, como entienden que demuestra el hecho de que la Abogacía del Estado no haya solicitado su aplicación en ninguno de la decena de recursos o incidentes de ejecución de sentencia que ha ido planteando contra resoluciones del Parlament.Hasta ahora el Constitucional ha optado por la prudencia y por limitarse a acudir a una medida prevista entre sus competencias desde su creación: la deducción de testimonio, para que la Fiscalía determine si se ha podido cometer delito o no y presentar, en su caso, las querellas correspondientes.El pleno del alto tribunal ya lo ha decidido así en dos ocasiones: una contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir en julio la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a vías unilaterales, y una segunda, contra ella y los cuatro miembros de la Mesa de la Cámara que dieron luz verde el 6 de octubre al referéndum unilateral.Ambas decisiones se adoptaron por unanimidad, lo que probablemente no se habría producido si se hubieran intentado aplicar las nuevas armas: la suspensión cautelar de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones y la ejecución por otra Administración. Estas dos medidas fueron avaladas por el pleno del tribunal, pero por ocho votos a tres. Los tres magistrados discrepantes las consideraron inconstitucionales.En cualquier caso, ambas posibilidades están ahí, para su utilización cuando se entienda necesario. De momento, las fuentes consultadas no creen que lo sean y consideran tan exagerado recurrir a ellas frente a los pasos dados hasta ahora por el Parlament como usar “un arma nuclear en un incidente fronterizo”. Varapalo del Consejo de Europa a la reforma del Constitucional de RajoyLa Comisión de Venecia rechaza que el tribunal pueda suspender cargos públicos porque atenta contra su neutralidadEste organismo consultivo no recomienda otorgar ese poder aunque admite que no contradice "los estándares europeos""La atribución de la responsabilidad total y directa de la ejecución de las sentencias al propio tribunal debería reconsiderarse a fin de promover la percepción del tribunal como un árbitro neutro, como el juez de las leyes", se puede leer en el documento del Consejo de Europa. "Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino bajo requerimiento de las partes", sugiere. El informe definitivo, que no es vinculante, se hará público el lunes.UN PODER EXCEPCIONAL EN EL CONTEXTO EUROPEOLa Comisión ve "legítimo" tomar medidas "para asegurar el cumplimiento" de las sentencias, pero no cree que sea positivo otorgar esa responsabilidad al TC. De hecho, dice que en derecho comparado la fórmula vigente en España es "la excepción". "Por lo general esta tarea se atribuye a otro poder estatal", avisa. En las alegaciones que el Gobierno envió a la CV, el Ejecutivo se escudó en que el Constitucional de Alemania y el de Austria cuentan con herramientas similares.El Gobierno central presentó la reforma justo antes de las generales del 2015 y cuando Mas empezó a defender la declaración unilateral de independenciaRajoy impulsó estos cambios en octubre del 2015, cuando tenía mayoría absoluta, y cuando el entonces 'president' Artur Mas empezó a defender la declaración unilateral de independencia. La iniciativa legal fue presentada en plena precampaña por Xavier García Albiol. "Respetamos el informe, pero estamos tranquilos", dijo Albiol este sábado.La opinión de la Comisión fue requerida por la Comisión de Control de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que había recibido una queja por la reforma. Fuentes de la CV no han querido desvelar quién la planteó.EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE SITIOEste episodio protagonizado por el Consejo de Europa ha permitido saber que Rajoy ha estudiado la aplicación del artículo 116 de la Constitución por si es necesario para frenar el 'procés'. En el documento de alegaciones que el Gobierno envió a la CV se afirma que "si la situación fuera más grave" y no pudiera solucionarse con otras herramientas, como el artículo 155 (que lamina el poder del Ejecutivo autonómico), podría aplicarse el 116, que se refiere al estado de alarma, excepción y sitio. El estado de excepción está destinado a restaurar el orden público y el de sitio hace referencia a las amenazas o insurrecciones contra la soberanía de España y “su integridad territorial” que no pudiera resolverse “por otros medios”.La bala en la recámara del ConstitucionalEl Gobierno de Mariano Rajoy utilizó los últimos momentos de su mayoría absoluta para dotar al Tribunal Constitucional de nuevas armas con las que enfrentarse al desafío independentista. Pero, aunque están ahí, aún no han sido utilizadas. Fuentes del alto tribunal consideran que son innecesarias, al menos de momento, como entienden que demuestra el hecho de que la Abogacía del Estado no haya solicitado su aplicación en ninguno de la decena de recursos o incidentes de ejecución de sentencia que ha ido planteando contra resoluciones del Parlament.Hasta ahora el Constitucional ha optado por la prudencia y por limitarse a acudir a una medida prevista entre sus competencias desde su creación: la deducción de testimonio, para que la Fiscalía determine si se ha podido cometer delito o no y presentar, en su caso, las querellas correspondientes.El pleno del alto tribunal ya lo ha decidido así en dos ocasiones: una contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir en julio la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a vías unilaterales, y una segunda, contra ella y los cuatro miembros de la Mesa de la Cámara que dieron luz verde el 6 de octubre al referéndum unilateral.Ambas decisiones se adoptaron por unanimidad, lo que probablemente no se habría producido si se hubieran intentado aplicar las nuevas armas: la suspensión cautelar de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones y la ejecución por otra Administración. Estas dos medidas fueron avaladas por el pleno del tribunal, pero por ocho votos a tres. Los tres magistrados discrepantes las consideraron inconstitucionales.En cualquier caso, ambas posibilidades están ahí, para su utilización cuando se entienda necesario. De momento, las fuentes consultadas no creen que lo sean y consideran tan exagerado recurrir a ellas frente a los pasos dados hasta ahora por el Parlament como usar “un arma nuclear en un incidente fronterizo”. 














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